452 muertos. Hasta hoy, es la cifra que da el gobierno chileno sobre las víctimas del terremoto producido el 27 de febrero y su posterior tsunami.

Tras rechazar, en un primer momento, la ayuda internacional, el gobierno chileno se vió obligado el día 1 de marzo a solicitar dicha ayuda en concreto la pidió a la ONU tras la valoración de las dimensiones reales de la catástrofe. El ejecutivo de Chile solicitó el envío de equipos de dicho organismo para la evaluación de daños así como asistencia para ayudar a las víctimas. A la vez, en todo el país se empezaron a organizar varias campañas de solidaridad en las zonas menos afectadas para socorrer a los damnificados.
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